Máquina limpiadora de SAV. Foto: SAVVALÈNCIA. La Sociedad Agricultores de la Vega (SAV) podrá volver a concurrir al concurso del Ayuntamiento de València para adjudicar el millonario contrato de limpieza. La compañía había quedado apartada de la licitación por no formalizar correctamente su oferta, pero el consistorio atenderá un informe no vinculante del Consell Jurídic Consultiu (CJC) sin ni siquiera haberlo recibido previamente, y en contra del criterio expresado por el resto de funcionarios municipales. Así, retrotraerá el concurso a la fase de presentación de ofertas.
Este miércoles, el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, anunció que el Ayuntamiento va a "atender el criterio del CJC aunque no sería obligatorio" dado que, reconoció, se trata de un dictamen "preceptivo pero no vinculante". ¿Por qué? El edil aseguró que se hará "por prudencia y por seguridad jurídica".
Y lo aseveró incluso asumiendo que el consistorio no ha examinado todavía dicho dictamen y, por tanto, sin haber podido estudiar sus consideraciones. "No hemos recibido la comunicación oficial del CJC de su dictamen y por tanto hay que ser cautos", expresó el mismo Campillo después de que este jueves Levante-EMV publicara las conclusiones del organismo consultivo sin tampoco citar sus argumentos ni el texto del documento.
Hay que recordar que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, que es consultivo y no obliga al consistorio, resulta contrario al criterio manifestado por diferentes funcionarios del propio Ayuntamiento, tal y como explicó el vicealcalde: "El CJC en este caso ha mantenido un criterio divergente a todos los servicios municipales del Ayuntamiento de València, tanto la Asesoría Jurídica como la Secretaría, como el servicio de Contratación y el servicio de Residuos".
La compañía había quedado fuera del concurso tras presentar fuera de plazo la documentación por un error telemático. Recurrió al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, que no le dio la razón. Más tarde, impugnó la licitación al considerar que una de las respuestas dada por el consistorio durante el proceso suponía, en realidad, una modificación de las condiciones. Ni la Mesa de Contratación, ni el servicio de Jardinería, ni los servicios jurídicos municipales aceptaron el recurso.
Sin embargo, y siguiendo la normativa, el consistorio remitió el caso al CJC para que se pronunciara, un dictamen que ahora, según la publicación de este jueves, habría sido favorable a la postura de SAV. El gobierno municipal, en ese sentido, modificará los pliegos de la licitación conforme a la respuesta en cuestión y volverá a abrir el plazo de presentación de ofertas. "Vivimos en un estado de derecho y cada empresa tiene derecho a ejercer sus razones ante las instancias que consideren. Por tanto, plena normalidad. Esta es una licitación muy compleja", aseguró Campillo.
El concurso busca adjudicar el conocido como el 'contrato del siglo' por ser uno de los más suculentos del consistorio del Cap i Casal: se licitaba por 1.325 millones de euros para los futuros 15 años -hasta 2036-. Al proceso se habían presentado otras cinco licitadoras, además de SAV: FCC Medio Ambiente, Fomento Valencia Medioambiente (Fovasa), la UTE formada por Cespa y Urbaser, la UTE formada por Valoriza (Grupo Sacyr) y Técnicas y Tratamientos Medioambientales (Simetría Grupo), y, por otro lado, la Compañía Especial de Empleo e Integración,
Desde 2005, el servicio estaba gestionado por FCC, la Sociedad de Agricultores de La Vega (SAV) y Secopsa -ahora Fovasa, del grupo Gimeno-. Y cabe recordar que este contrato suponía 26 millones de euros anuales para SAV por 15 años, el 44% del servicio. La facturación de la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia fue de de 124,7 millones de euros en 2020, por lo que este servicio supondría en torno al 20% de su facturación total.
